Familias enteras –padeciendo la orfandad y la viudez, destruidas por el destierro del campo y la ciudad, la desaparición forzada, el despojo de la tierra y de sus bienes–, pueblan de víctimas este país. En una sola historia de vida, muchos colombianos y colombianas acumulan daños y pérdidas, resultado de formas diversas de victimización. El sufrimiento y la injusticia llevan ya varias décadas, pero ni el tiempo transcurrido ni la orden de silenciarse y olvidar, impuesta por los perpetradores del horror y la crueldad, han podido acallar el movimiento de víctimas en Colombia, quienes con un inmenso repertorio de iniciativas, de evocación y de presencia por la memoria de sus seres queridos y por la propia dignidad, materializan la dimensión política del dolor que hoy toma fuerza en el país. Luchar contra la naturalización del horror en nuestra sociedad es una tarea de trascendencia cultural de largo aliento, para la cual se requiere la convergencia de diferentes sectores y lenguajes. En ello, experiencias como “Tenemos nuevos vecinos”, “Esta es tu casa” y más recientemente, el encuentro académico, artístico y de las comunidades para reflexionar juntos: “Destierro y Reparación en Medellín” (2008), constituyen aportes a la construcción de la memoria colectiva, tejida con la palabra de las víctimas y la escucha de una sociedad capaz de reconocer en el otro, la dignidad humillada.

Colombia asiste a la ampliación del movimiento de víctimas que se visibilizó en el año 2006, cuando organizaciones sociales y acompañantes internacionales, se articularon en la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia. Desde entonces, se avanza en la construcción de una agenda política nacional, regional y municipal. Los primeros frutos de este proceso se dieron en 2007 con el Encuentro Nacional de Víctimas, donde más de 2500 asistentes procedentes de todo el país, congregados en Bogotá, dieron origen a la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales. En 2010, se realizó la Audiencia Nacional por la Justicia para las víctimas y contra la Impunidad, más de 1500 víctimas de 17 regiones del país, se reunieron en Medellín.

Esta fuerza colectiva ha concurrido para que el Estado colombiano asuma su parte de responsabilidad con las víctimas y participe de la construcción de memoria de la violencia y el conflicto interno. Un hito en la historia reciente de Colombia, ha sido el papel de la Corte Constitucional; el 22 de enero de 2004 profirió la sentencia de tutela T-025 a través de la cual, declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianos y colombianas, víctimas del desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 de 1997, y los recursos financieros e institucionales de la política pública destinada a atender esta crisis humanitaria. La decisión se produjo luego de que miles de personas desplazadas, interpusieran recursos de tutela ante la justicia colombiana para reclamar el acceso efectivo a sus derechos. La sentencia ordena la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas, como respuesta a la creciente capacidad  organizativa de esta población.