Una propuesta nociva para la convivencia y la democracia

La propuesta de organizar una red de jóvenes informantes pagada por el Gobierno con recursos públicos, como estrategia para combatir la delincuencia urbana, lanzada en días recientes por el Presidente Álvaro Uribe, es altamente nociva para la convivencia democrática en la ciudad.

Es necesario partir de reconocer lo evidente: lo que viven las grandes ciudades del país y en particular la ciudad de Medellín, es una situación de seguridad altamente deteriorada. Diversas instituciones han advertido en otros momentos, como no puede considerarse para nada superada la amenaza de la criminalidad contra la ciudadanía, aunque sea cierto que estamos lejos de los niveles más críticos que vivió la ciudad a fines de los 80 y comienzos de los 90. Infortunadamente, fracasado el proceso con los paramilitares, de nuevo las tasas de homicidios y de delincuencia, la confrontación en los barrios de la ciudad, el control territorial por parte de grupos ilegales que someten a vejámenes a sus habitantes, vuelven a ser la nota característica.

Es verdad que esta situación no es un problema exclusivo de Medellín. Las cifras de Cali, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país y otras como Río de Janeiro, Caracas o Ciudad de México presentan grandes similitudes. De hecho, es claro hoy que uno de los retos más importantes y difíciles de las ciudades contemporáneas es el combate a una delincuencia que ya no es igual a la de los ochenta, que se ha sofisticado, que combina de manera astuta “lo legal y lo ilegal” y que se ha empotrado en porciones importantes de la institucionalidad legal, tanto política como económica.

Pero las maneras de combatirla son erráticas y la propuesta de red de jóvenes informantes pagados es una prueba notable. Hay una grave confusión al pretender que, en medio de unos altos niveles de pobreza y de un alto desempleo juvenil, una oferta de ingresos como la presentada, no va a generar complicaciones.