Una propuesta nociva para la convivencia y la democracia

La propuesta de organizar una red de jóvenes informantes pagada por el Gobierno con recursos públicos, como estrategia para combatir la delincuencia urbana, lanzada en días recientes por el Presidente Álvaro Uribe, es altamente nociva para la convivencia democrática en la ciudad.

Es necesario partir de reconocer lo evidente: lo que viven las grandes ciudades del país y en particular la ciudad de Medellín, es una situación de seguridad altamente deteriorada. Diversas instituciones han advertido en otros momentos, como no puede considerarse para nada superada la amenaza de la criminalidad contra la ciudadanía, aunque sea cierto que estamos lejos de los niveles más críticos que vivió la ciudad a fines de los 80 y comienzos de los 90. Infortunadamente, fracasado el proceso con los paramilitares, de nuevo las tasas de homicidios y de delincuencia, la confrontación en los barrios de la ciudad, el control territorial por parte de grupos ilegales que someten a vejámenes a sus habitantes, vuelven a ser la nota característica.

Es verdad que esta situación no es un problema exclusivo de Medellín. Las cifras de Cali, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país y otras como Río de Janeiro, Caracas o Ciudad de México presentan grandes similitudes. De hecho, es claro hoy que uno de los retos más importantes y difíciles de las ciudades contemporáneas es el combate a una delincuencia que ya no es igual a la de los ochenta, que se ha sofisticado, que combina de manera astuta “lo legal y lo ilegal” y que se ha empotrado en porciones importantes de la institucionalidad legal, tanto política como económica.

Pero las maneras de combatirla son erráticas y la propuesta de red de jóvenes informantes pagados es una prueba notable. Hay una grave confusión al pretender que, en medio de unos altos niveles de pobreza y de un alto desempleo juvenil, una oferta de ingresos como la presentada, no va a generar complicaciones.

Es muy serio y equivocado esto de convertir la cooperación ciudadana en una transacción económica, que por lo tanto puede ser mejorada y manipulada por otros. Si aquí ofrecen 100, ¿que problema tienen los poderosos grupos ilegales que actúan en este país en ofrecer 200 o 1000? Y si la base moral de la acción de denunciar es económica, entonces nada bueno puede esperarse. El ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, cometidas por miembros de la Fuerza Pública, es una ejemplo nefasto de lo que ocurre cuando es el bolsillo y no la ética lo que gobierna las actuaciones de las personas.

Claramente esto debe diferenciarse del deber ciudadano de cooperar con la justicia y denunciar los actos criminales, evitar la tentación de justicia por propia mano y aceptar la presencia de terceros para dirimir los conflictos. Este es un derecho y un deber ciudadano, al que se acude para conseguir justicia y reparación cuando se ha sido víctima, o por solidaridad con aquellos que han sufrido atropellos o desmanes. En estos casos se reclama justicia, no contraprestación económica.

Una de las razones de existir del Estado es precisamente la de administrar justicia. Uno de los eslabones de esa larga cadena es la función de investigación criminal, que no puede ser delegada por el Estado a terceros o peor aún “comprada”, so pena de terminar el Estado mismo como promotor de la barbarie e instigador de nueva distorsiones en el comportamiento ciudadano.

Y es del caso llamar la atención sobre otro ribete de esta discusión. Tiene que ver con que el Presidente de la República tiene el deber de respetar el fuero constitucional que contempla de manera explícita que las funciones de jefe local de la policía, corresponden al Alcalde de la ciudad. Una vez más, no se trata de negar un valor necesario para el ejercicio del gobierno que consiste en la necesaria colaboración entre las distintas ramas del poder público y entre los distintos niveles territoriales del gobierno. Es verdad que la mayoría de las variables significativas del problema superan en mucho la dimensión local e incluso nacional. Sin embargo, la manera de hacer las cosas por parte del ejecutivo nacional, es claramente contraria al espíritu de la Constitución.

Dadas la hondura y complejidad de los fenómenos criminales en el mundo contemporáneo, que tienen en Colombia y en la ciudad de Medellín, escenarios privilegiados de su desarrollo, las respuestas no son fáciles ni del corto plazo. Siendo esto cierto, la verdad es que el reto principal se encuentra en el fortalecimiento y la depuración de los instrumentos institucionales con que cuenta el Estado para el combate a la delincuencia, que han mostrado graves falencias en los años recientes. Nos referimos en particular a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación con sede en la ciudad y al DAS. Las 3 instituciones tienen a su haber numerosas evidencias, denuncias y, en varios casos, procesos judiciales por alianzas con grupos criminales. Aquí está el verdadero problema. Una parte importante de los instrumentos institucionales que deben prevenir y combatir el delito, trabajan a su servicio. En este marco, el Gobierno Nacional, en lugar de trasladar a la ciudadanía los deberes del control del orden público, debiera mirar hacia adentro y hacer más para depurar sus propios organismos.

La violencia en las ciudades colombianas, es en la actualidad una clara muestra de las limitaciones estructurales de la Política de Seguridad Democrática proclamada y promovida por el Presidente Uribe. La seguridad no puede ser reducida al control o combate a la guerrilla, ni un bien pensado exclusivamente para ciertos sectores del campo, mientras las ciudades, donde por demás residen la mayoría de colombianos y colombianas, ven deteriorados sus libertades y derechos por una criminalidad creciente.

La inconveniencia de la propuesta en mención está sustentada en que, dada la experiencia de la ciudad, es esperable que, en lugar de contribuir a mejorar la situación, la enrarezca y deteriore más aún, al inscribirse en un contexto institucional débil y con poca capacidad de investigación judicial. Y es especialmente nociva, porque envía un mensaje moral equívoco a la sociedad y en particular a su juventud: en lugar de solidaridad y responsabilidad, mercantilización de su vida y su conocimiento.

El reto es en otra dirección: fortalecer el Estado de Derecho, promover desde la cabeza del Estado una acción institucional basada en el pleno respeto a los Derechos Humanos por parte de todos y cada uno de sus agentes y la cooperación con una ciudadanía informada y responsable, consciente de sus derechos y deberes, y constructora de una sociedad más democrática y digna.

Junta Directiva

Corporación Región

Medellín, febrero de 2010