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Lunes, 02 Mayo 2016 08:01

Plan de Desarrollo de Medellín y Víctimas

Los planes de desarrollo municipales que se construyen en la actualidad tienen un reto histórico: posibilitar el tránsito hacia la construcción de la paz desde los territorios. Para lograrlo, es fundamental no sólo el reconocimiento de las personas víctimas del conflicto armado, pues es necesario que el accionar institucional se enfoque hacia la garantía del goce efectivo de sus derechos. Esto es aún más prioritario en Medellín si se considera que en la ciudad hay 575.000 víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV).

Por lo anterior, valoramos que la propuesta de Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos contemple asuntos encaminados hacia una ciudad más incluyente desde la diversidad y la equidad social e invite a transformar las condiciones de vida de la población más vulnerable. Igualmente, que asuma los enfoques de derechos, poblacional y diferencial, lo que supone la necesidad de implementar acciones afirmativas, en este caso referidas a la población víctima del conflicto armado.

Se reconoce también la inclusión de varios programas y proyectos relacionados con la atención integral a las personas víctimas; esto, dando cumplimiento al mandato ético y legal de atención a dicha población planteado en la Ley 1448 de 2011. Los programas de Memoria y participación para la construcción de paz, Promoción de los Derechos Humanos y Post-Acuerdo y Garantías de No Repetición, aunque no son exclusivamente para las víctimas, se relacionan directamente con ellas y pueden brindar un aporte a la reconstrucción del tejido social en los territorios y a la generación de escenarios favorables para la vigencia de los derechos humanos.
Sin embargo, y a pesar de que estos asuntos estén contemplados, son apenas enunciados que no permiten leer su enfoque ni medir sus alcances.

Es muy importante, por el acumulado, el reconocimiento y la capacidad técnica con la que cuenta Medellín, que el programa Atención a Víctimas del Conflicto Armado cuente con los recursos suficientes para garantizar la atención de esta población con un horizonte de reparación integral. Pero se deben revisar las metas establecidas: el Plan tiene como meta a 2019 la cifra de 5.250 familias víctimas del conflicto armado con derechos reestablecidos, la cual es, a nuestro juicio, una meta muy inferior a la magnitud del problema. Medellín tiene la capacidad presupuestal y técnica de garantizar la progresividad en la atención y el goce de los derechos.

No hay ningún proyecto ni meta específica relacionada con el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de su capacidad de participación en los asuntos de ciudad. Es fundamental considerar acciones de promoción, fortalecimiento, reconocimiento, creación y dinamización de estas organizaciones como actores sociales y políticos; esto, como una condición básica para garantizar su derecho a la participación en el devenir de Medellín. Esto implica destinar recursos para el fortalecimiento de la Mesa de Participación de Víctimas y el Comité de Justicia Transicional y para la elaboración y ejecución de los Planes de Atención Territorial-PAT. Hoy es fundamental avanzar en coherencia entre los Planes de Acción Territoriales (PAT), Planes de Desarrollo Municipales y Plan de Desarrollo Departamental, para garantizar el cumplimiento de la política y avanzar en articulación interinstitucional, pues si bien el Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas ha involucrado a toda la institucionalidad pública, no logra aún unificar las agendas y la intervención en los territorios.

Preocupa la falta de metas más claras relacionadas con la vivienda para la población víctima, asunto central en las posibilidades definitivas de integración como nuevos pobladores urbanos. En ese sentido, coincidimos con el Consejo Territorial de Planeación –CTP– y con otras organizaciones de derechos humanos en la necesidad de revisar las políticas de acceso, de manera la adquisición de vivienda nueva o usada (o sus mejoramientos) sea más ágil. De igual forma, avanzar, como ha dicho esta instancia, en "procesos de microfocalización rural, urbana, que permitan restituir los bienes inmuebles de las víctimas del conflicto armado interno y la aplicación de compensaciones económicas de forma prioritaria a víctimas con características especiales para cumplir con las sentencias de la restitución de tierras en lo referente a la competencia municipal". Así mismo, resaltamos la importancia de adoptar medidas relacionadas con la generación de ingresos, en especial a poblaciones como las familias indígenas y afrodescendientes, que tienen mayores niveles de exclusión y dificultades para el acceso.

Frente al programa Memoria y Participación para la construcción de paz, invitamos a que se mantengan y promuevan acciones encaminadas a la construcción de memoria histórica desde diferentes voces, se asignen recursos económicos para el apoyo a las iniciativas y acciones de reparación simbólica que las organizaciones de víctimas vienen desarrollando en los territorios, se fortalezcan los procesos de las memorias de las víctimas –especialmente de aquellas que de manera sistemática se han invisibilizado– con una amplia difusión y pedagogía social que le aporte a la no repetición. El fortalecimiento del Museo Casa de la Memoria como entidad responsable de estos proyectos es fundamental y, en ese sentido, es muy importante fijar metas e indicadores claros que permitan a la ciudadanía leer la consolidación de este escenario.

En el marco del Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos está el programa Post-Acuerdo y Garantías de No Repetición; este cuenta con una descripciones y metas generales que no permiten identificar las acciones concretas que se desarrollarían. Desde la perspectiva de la población víctima, y de forma urgente, sugerimos que se implementen acciones y protocolos especiales que prevengan y garanticen la seguridad para la participación de las víctimas y para sus acciones de exigibilidad, las cuales deben ser aplicadas atendiendo al enfoque diferencial y según los contextos en los que habitan, especialmente aquellos en los se vienen incrementando intimidaciones y acciones en contra de los líderes y lideresas que exigen la reivindicación de sus derechos.

En todos los casos, insistimos en la necesidad de que las estrategias, programas, proyectos y acciones sean verificables; para ello se requieren unos indicadores claros que permitan dar cuenta de los procesos y su progresividad, de los resultados y de los impactos en el acceso y en el goce efectivo de los derechos.

Finalmente, uno de los ejes centrales para avanzar en la construcción de una paz sostenible y duradera pasa por saldar la deuda histórica que tenemos con las víctimas y el reconocimiento y dignificación de las mismas. Estamos ante un momento clave para hacerlo: el Proceso de Paz y la implementación del punto 5 de los acuerdos de La Habana. En este, el rol que cumpla la administración local es determinante, pues desde lo que se ha denominado paz territorial, es necesario tener en cuenta, desde las competencias locales, asuntos como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para la ciudad de Medellín, esto está representado en asuntos como mantener el proyecto de búsqueda de las personas desaparecidas de la Comuna Trece (La Escombrera. A nuestro juicio, este es un indicador importante del talante democrático del actual gobierno municipal.

 

* Este texto fue escrito con base en el anteproyecto del Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos.

Foto tomada del Facebook del Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13.

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