El debate público colombiano atraviesa un momento crítico caracterizado por acusaciones cruzadas sobre los riesgos que enfrenta nuestra democracia. Mientras unos denuncian derivas autoritarias que erosionan la institucionalidad, otros señalan bloqueos institucionales que impiden transformaciones sociales necesarias. Esta situación exige una reflexión profunda y comprometida sobre el equilibrio entre la estabilidad institucional y la necesidad de reformas democráticas.
Como parte de esta tensión, el presidente Petro ha articulado sus intervenciones públicas recientes en torno a varios ejes discursivos. Primero, planteando la soberanía popular como principio fundamental, expresada en afirmaciones como "el pueblo es soberano" y "los poderes constituidos son sirvientes del pueblo". En segundo lugar, caracterizando al Congreso como una institución corrupta y lejana del pueblo y tildando a quienes votan en contra de las iniciativas del Gobierno como aliados del narcotráfico y el paramilitarismo. Finalmente, estructurando oposiciones binarias: pueblo versus oligarquía, democracia versus autoritarismo, justicia social versus codicia. Esta retórica, que resulta muy efectiva para promover la movilización, desconoce el papel que juegan otros poderes, otras voces, y otros actores, que no se encuentran recogidos en las alocuciones presidenciales, en la construcción colectiva de nación; además, suele bloquear la posibilidad de acuerdos y cerrar los horizontes de cooperación.
En paralelo, el legislativo se niega a dar las discusiones de fondo sobre las reformas y las transformaciones que buscan la ampliación de derechos de la ciudadanía. En alianza con los gremios, se dedica al bloqueo sistemático de todas las iniciativas presentadas por el ejecutivo y celebra sus actuaciones como “victorias democráticas”, al tiempo que califica al Gobierno como “autoritario” o “populista”. La fiesta, los abrazos y la algarabía de quienes hundieron la reforma laboral y luego negaron el aval a la consulta popular, muestran la persistencia de un pacto de élites que privilegia intereses económicos particulares sobre el bienestar colectivo, y que se niega a viabilizar las reformas aplazadas por décadas.
De ambos lados se da una instrumentalización de la democracia buscando beneficios particulares. Los debates en torno a la consulta popular sobre la reforma laboral son una muestra de esto. Desde el ejecutivo, la consulta popular es utilizada como instrumento de medición electoral y presión política, empleando para su promoción prácticas clientelistas históricamente cuestionadas, pero ahora legitimadas bajo el manto de la "voluntad popular". El legislativo, por su parte, ve la consulta popular como un desafío a los poderes tradicionales del Congreso y las élites económicas, por lo que utilizó todo tipo de prácticas amañadas para tumbarla, negando la posibilidad de una expresión directa de la soberanía popular, con el argumento de cuidar las instituciones.
Esta mutua deslegitimación incrementa significativamente la polarización y construye una falsa dicotomía en la que se presenta la defensa de las instituciones como preservación del statu quo y la búsqueda de transformaciones como amenaza a la democracia, una simplificación que impide reconocer que la vitalidad democrática requiere tanto de instituciones sólidas como de adaptación a las nuevas demandas sociales.
Las tensiones entre democracia representativa y participativa no constituyen patologías del sistema, sino expresiones de su vitalidad. El problema surge cuando estas tensiones se resuelven mediante la anulación de una dimensión en favor de la otra. La democracia colombiana necesita superar tanto el conservadurismo institucional que bloquea transformaciones necesarias, como las tentaciones que instrumentalizan la participación ciudadana en función de apetitos personalistas de continuidad en el poder.
El gran desafío de este momento será lograr gestionar la tensión constitutiva entre avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa sin comprometer las garantías institucionales que previenen el autoritarismo.
La posibilidad de que la consulta popular sea convocada por decreto, como ha sido anunciado por el Gobierno, plantea un tránsito muy peligroso de una retórica confrontacional del ejecutivo a reales expresiones autoritarias. ¿Qué hacer frente a este riesgo? ¿Cuáles serán los impactos de esta decisión sobre el sistema democrático? Ahora bien, estas derivas autoritarias que tanto espantan responden, en cierta medida, a la intransigencia de la clase política tradicional que se esconde tras las instituciones para sostener un sistema que ha estado al servicio de unos pocos muy ricos y poderosos. Si quienes disfrutan de mayores privilegios no logran entender la importancia de ceder en sus intereses para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, estarán apostando por estrangular la democracia como ruta efectiva para lograr los grandes consensos de país.
La sociedad civil está llamada a asumir un papel activo y crítico, capaz de reconocer tanto la legitimidad de las demandas de transformación social como los riesgos inherentes a una personalización extrema del poder político. Esta vigilancia debe ser múltiple, dirigiéndose no solo hacia el Gobierno de turno sino hacia todos los actores que detentan poder, incluyendo legisladores, gremios y medios de comunicación.
Como ciudadanía debemos exigir transparencia en las intenciones y métodos del Gobierno, así como responsabilidad y apertura al diálogo por parte del Congreso y las élites económicas. El precario equilibrio entre la necesidad de las reformas y el cauce democrático de su búsqueda, requiere el fortalecimiento de una esfera pública que trascienda la polarización y permita debates sustantivos sobre el modelo de sociedad que queremos construir, apalancados en espacios de participación que complementen y amplíen los mecanismos representativos existentes, no que los reemplacen.
La coyuntura actual exige a todos los actores democráticos asumir la complejidad inherente a la construcción de una democracia que sea simultáneamente estable y transformadora, institucional y participativa, representativa y directa. Solo reconociendo la complejidad del momento actual y los intereses en disputa podremos enfrentar las posturas que amenazan, desde todos los lados, con deteriorar aún más el tejido democrático.
